Por Enrique Jaramillo Levi
Difícilmente encontraríamos hoy en día un panameño sincero que no piense que en el Panamá actual la corrupción no sólo se solapa o se blinda de mil maneras, sutiles unas, desvergonzadas otras, sino que cabalga impune hasta que alguien la descubre y delata, se forma el escándalo, y finalmente no ocurre nada. Ya no parecen ser casos aislados los de algunos miembros de la clase política que, arraigados o neófitos, dan muestras de un enorme cinismo y desverguenza, negociados estos en los que no pocas veces ciertas empresas -léase empresarios- gozan también de enclaves encubiertos.
Y no se trata, por supuesto, de algo nuevo. Lo novedoso es la manera en que, cada vez más, se tuercen leyes y noticias de lo actuado para favorecer el enriquecimiento indebido. Pero en los últimos años nuestra sociedad ha sido intervenida por una creciente pero sinuosa plaga de proporciones bíblicas que, aunque sus efectos ya son evidentes, hoy infecta de manera más profunda -aunque escurridiza- el ya maltrecho tejido social. Esto, por supuesto, hace más difícil la auscultación ciudadana. Sobre todo si tales maniobras se realizan, tras bastidores, con la omnipotente complicidad del poder.
Lo más reciente, a tres largos años de las próximas Elecciones Nacionales, es la intención descarada de ciertos diputados de tergiversar, cuando no de tratar de hacer polvo, criterios legalmente sustentados del Tribunal Electoral en cuanto a diversos aspectos de las reformas electorales planteadas. Y esto, con clarísimos fines políticos aviesos que no es posible que la ciudadanía, de la que depende el voto popular, tolere. Pero está visto que una y otra vez se insiste en torcer la voluntad del pueblo.
Cuando el descaro no surge como franca imposición, tal pareciera que los políticos no dan paso sin cálculo de doble intención que los favorezca como individuos o como miembros de un partido, en detrimento de la institucionalidad y, por extensión, de la democracia. Así, negociados de diversa índole y calaña florecen por doquier, mientras que cada día salta a la palestra un nuevo enfrentamiento entre personas o partidos, una nueva insensatez que pone al país en peligroso sobresalto.
Cualquier persona pensante se da cuenta de que estamos en un momento en el que lo vilmente crematístico tiene necesariamente un peso inmenso por encima de los problemas básicos, y suele ser resultado de propuestas que se traman al margen de las leyes vigentes, o bien con el beneplácito de leyes que deliberadamente fueron creadas para, con su anuencia, poder cometer desfalcos disimulados con los fondos públicos. Así las cosas, si la situación no es así todo el tiempo, a la gente empieza a parecérselo. La desconfianza es enorme, y la palabra no cumplida en nada ayuda.
No es suficiente el progreso económico como resultado de cuantiosas inversiones, el auge en las construcciones y el turismo. Hay cientos de problemas que atender en salud, educación, alto costo de la vida y seguridad, entre otros muchos. Y sin duda hay valores, una conciencia ciudadana. Un sentido muy claro de la inexistencia de una justicia bien llevada, esa que no se le hace a quienes no se pliegan; o a los que, oscuramente anónimos, sólo son tratados como masa informe. La gente pensante, la que razonada o intuitivamente siente que este país podría terminar siendo sólo una caricatura de democracia, empieza a reaccionar.
Si las cosas siguen así, de la creciente inconformidad ciudadana surgirá también tarde o temprano en Panamá, como está ocurriendo de diversas formas en otros países, un movimiento heterogéneo pero autosolidario y pujante de “indignados”. Término este que, en el contexto mundial, no es hoy más que otra manera de llamarle a quienes, inconformes con un estado de cosas injusto, deprimente e intolerable que al acelerarse tuerce el buen rumbo social mediante contradicciones económicas, sociales, políticas y culturales que tienden a exacerbarse, deciden empezar a manifestarse colectivamente para, soberanos, poner un hasta aquí. Para bien o para mal, nada es eterno.
* Publicado en el diario “La Prensa”, Panamá, 13 de septiembre de 2011.
